Antes de la emisión de nuevos bonos y la recompra de bonos anteriores que se concretó el 26 de enero, el Gobierno de Daniel Noboa debía encontrar financiamiento por $25.238 millones para cubrir todos los compromisos del Presupuesto General del Estado (PGE) de este 2026.
Luego de esa operación, el monto del financiamiento necesario se reduce en $496 millones de amortizaciones o vencimientos de deuda que ya no se tienen que pagar. Además, se tienen $1.000 millones de los nuevos bonos emitidos que se pueden utilizar para financiar la caja fiscal.
Así, al Gobierno todavía le queda pendiente levantar $23.742 millones para cubrir gasto público, pagar deudas anteriores y otros compromisos; además de cubrir un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de más de $5.400 millones.
En este contexto, la pregunta es de dónde saldrá todo el financiamiento que se necesita para mantener un Estado ecuatoriano deficitario y que no se sustenta con los impuestos que se recaudan ni con los ingresos petroleros.
Menos del 20% de las necesidades de financiamiento vendrá de multilaterales y otras fuentes externas
De acuerdo con un análisis de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, este 2026 se espera un total de $4.811 millones de financiamiento externo.
De este total, $1.000 millones son de los nuevos bonos emitidos, y el resto se desglosa de la siguiente manera:
$400 millones del Banco Mundial.
$450 millones de la CAF.
$550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
$750 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
$617 millones de otros multilaterales.
$100 millones del Banco Europeo de Inversiones.
En otras palabras, se tendrían $2.867 millones de organismos internacionales de crédito para 2026. Esto representa una caída del 40% con respecto a los créditos por $4.784 millones que llegaron de multilaterales en 2025.
Por otro lado, también se proyectan $600 millones de créditos bilaterales o de otros Gobiernos; y $344 millones de créditos comerciales de bancos.
“Los $1.000 millones de emisión de nuevos bonos, que no se utilizaron para recomprar deuda antigua, sirven para compensar en parte la caída en los créditos de multilaterales; pero el problema es que este 2026 se tienen más necesidades de financiamiento para cubrir el presupuesto estatal”, apuntó Andrés Rodríguez, economista.
Casi el 70% de las necesidades de financiamiento vendrá de fuentes internas este 2026 en Ecuador
Según Carrera, la mayoría del financiamiento que se necesita para pagar deudas que se vencen, cubrir el déficit fiscal y financiar el gasto público vendrá de la liquidez que el Ecuador tiene internamente.
Así, $7.000 millones deben salir de la colocación de bonos de deuda interna, que son mayoritariamente comprados por el IESS y los bancos privados.
Además, a través de Cetes, se tienen previstos $2.847 millones. Los Cetes (Certificados de Tesorería) son títulos de deuda de corto plazo que emite el Estado ecuatoriano para cubrir necesidades temporales de liquidez.
Sirven para financiar gastos inmediatos cuando los ingresos fiscales no alcanzan. Son una herramienta de manejo de caja y no de endeudamiento estructural a largo plazo.
Asimismo, se esperan $2.843 millones a través de convenios de liquidez en donde el Estado saca dinero de empresas y entidades públicas para cubrir necesidades de y ofrece devolverlo más tarde. También se proyectan notas del Tesoro por $276 millones.
Las Notas del Tesoro son títulos de deuda de mediano plazo que emite el Estado ecuatoriano para financiar el Presupuesto General del Estado. Tienen plazos mayores a un año y pagan intereses. Forman parte del endeudamiento interno estructural del país.
Sin embargo, una fuente mucho mayor de financiamiento son los $4.137 millones de atrasos, es decir, el dinero que no se paga a proveedores de bienes y servicios, IESS y constructores de obra pública.
En otras palabras, una importante fuente para cubrir el gasto público será quedar a deber a personas y empresas por bienes y servicios que el Estado recibirá efectivamente durante el año.
Como ya ha analizado LA HORA, esta práctica provoca mala calidad en los servicios, y retrasos y hasta sobreprecios en las obras públicas.
Fuente: La Hora
Dejar una contestacion