Estados Unidos solicitó a España la extradición del ecuatoriano Wilmer Chavarría-Barre, conocido como alias “Pipo” y señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lobos, para que enfrente cargos por narcotráfico en ese país.
La petición fue realizada el pasado 3 de marzo por la Embajada de Estados Unidos en Madrid ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español. El requerimiento busca que el detenido sea trasladado al Distrito Sur de California, donde es acusado de conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de que la droga sería ingresada de forma ilegal a territorio estadounidense.
Alias “Pipo” fue capturado el 16 de noviembre de 2025 en Málaga, en un operativo conjunto entre autoridades ecuatorianas y españolas. Al momento de su detención utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Danilo Ramón Fernández y portaba un pasaporte colombiano, tras haber permanecido prófugo e incluso fingir su muerte para evadir a la justicia.
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Inicialmente, su arresto respondía a un requerimiento de Ecuador por un delito de robo con muerte. Desde entonces, permanece recluido en una prisión de Zaragoza, mientras se tramitan los procesos judiciales relacionados con su posible extradición.
El caso está en manos de la Audiencia Nacional española, que el pasado 17 de abril realizó una audiencia para analizar la solicitud presentada por Estados Unidos, en paralelo al pedido previo de Ecuador.
Contexto
El ministro del Interior, John Reimberg, informó el 23 de enero de 2026 que la Fiscalía estadounidense ya formuló cargos contra Chavarría, lo que abre la vía para su extradición directa desde España hacia ese país.
En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario destacó la cooperación internacional y aseguró que “no existen refugios, no existen fronteras y no existe impunidad”.
Chavarría es investigado por delitos como terrorismo y explosiones, además de su presunta vinculación con hechos violentos atribuidos a la estructura criminal que lideraba.
Durante su permanencia en España, alias “Pipo” también realizó señalamientos contra el presidente Daniel Noboa, a quien acusó de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Frente a estas declaraciones, familiares del exaspirante sostienen que no existen evidencias dentro del expediente judicial que respalden dichas afirmaciones y que se trataría de versiones sin sustento difundidas por procesados vinculados al caso.
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