La mayoría de casos investigados, por las muertes ocurridas en las protestas de 2019 y 2022, no llegó a juicio penal. Los casos se estancaron en la fase de investigación o se archivaron.
Olimpia Carmelina Vargas viste unas zapatillas sencillas y un poncho, para aguantar el frío capitalino. La señora viajó desde la ciudad amazónica del Puyo hasta Quito, junto a amigos y familiares, para realizar una marcha hacia la Fiscalía General del Estado.
Es junio de 2025 y la marcha avanza hasta esta institución para exigir que el caso de Byron Guatatuca Vargas no quede en la impunidad.
“Vine a pedir justicia. Con este, tres años y no sale nada de justicia. Por eso vengo, a ver otra vez. Como yo pobre sufro por mi hijo. Tantos años. Ya tres años. Mi hijo era hombre valiente y ahora no hacen justicia nada”, dice Olimpia Vargas con la voz quebrada y un llanto con rabia que surge desde su interior.
Byron Guatatuca Vargas falleció el 21 de junio de 2022, tras ser alcanzado por una bomba lacrimógena que disparó la Policía e impactó directamente en su rostro. El golpe le causó una hemorragia interna que provocó su muerte.
Este caso es uno de los 15 registrados en los dos últimos paros nacionales (2019 y 2022), en los cuales la sombra de impunidad ha cubierto el 93,3% de las muertes. De los 15 hechos registrados, apenas uno llegó a juicio y tuvo condena. Mientras que los otros 14 casos quedaron en la fase inicial o fueron archivados.
“Uno podría pensar que esto pasa más, no por razones jurídicas, sino por razones también políticas, que no incentivan y que no promueven este tipo de investigaciones”, señala Adriana Rodríguez, docente universitaria y coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos.
Rodríguez agrega que, en estos casos, las investigaciones que tienen que ver con criminalística se dan a partir de pruebas y son parte de un proceso penal, que se construye con peritajes y un sistema de búsqueda.
“La información es importante, porque si no va a quedar en la impunidad y eso es una responsabilidad del Estado. Internacionalmente, el Estado no puede dejar estos casos en la impunidad”, señaló.
Casos 2025
Este punto es preocupante porque, esta sombra de impunidad, también podría extenderse a los casos de Efraín Fuerez, José Guamán y Rosa Elena Paqui, ocurridos en el contexto del paro nacional del 2025.
Fuerez fue asesinado el domingo 28 de septiembre de 2025. El comunero murió luego de recibir un impacto de bala por parte de la fuerza pública, mientras se registraban enfrentamientos entre manifestantes y militares a la altura de la zona del partidero Cotacachi-Ibarra, en la provincia de Imbabura.
Diana León, miembro de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), organización que representa legalmente a la familia de Fueres, señaló que dentro de la investigación se pidió información al Ministerio de Defensa y al Ejército, sobre las personas que estaban a cargo del operativo realizado el día del asesinato de Fuerez. Sin embargo, hasta hoy, no hubo ninguna respuesta.
“Eso indica que existe una cuestión de ocultar la información de quiénes son y quiénes estuvieron el día de los incidentes, y así poder determinar su responsabilidad dentro de este acto tan fatídico, que es la ejecución del señor Efraín Fuerez”, señaló León.
En este contexto, Adriana Rogríguez mencionó que si el sistema interno se agota en la búsqueda de encontrar justicia y los procesos se retrasan demasiado en las etapas de investigación, el derecho internacional es una alternativa valiosa para luchar contra la impunidad.
Nadie se cansa
Han pasado tres años desde la muerte Byron Guatatuca Vargas. Pese al tiempo transcurrido, su familia atesora los recuerdos de los momentos que compartieron con él, como una muestra profunda del cariño que le tienen.
Renato Guatatuca revela que con su hermano, Byron, iban a pescar al río Pastaza. Llevaban anzuelos y sacaban pescados para consumirlos. Cuando estaban en su día de suerte, lograban obtener hasta 25 libras. “Era muy buen pescador. Me ganaba”, dice con una sonrisa.
Y luego cuenta que Byron era un futbolista punzante, que le gustaba jugar de delantero para marcar goles y darles alegrías.
Estos recuerdos grabados en su ser, son hoy la fuerza para no cansarse en la búsqueda de justicia.
“Nosotros cada año estamos golpeando las puertas de la Fiscalía. Hemos estado en Pastaza, pero no nos dieron atención. Por eso venimos a Quito, para que nos den oído”.
Con la voz firme, Renato dice que, con su familia y amigos, continuará exigiendo que el caso de su hermano no quede en impunidad. Que seguirá marchando para exigir justicia.
Fuente: Radio Pichincha
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