La normativa obliga a destinar hasta el 70% del presupuesto a obras y deja fuera de la inversión la partida 71; organizaciones demandarán ante la #CorteConstitucional.
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió al Registro Oficial la Ley reformatoria a la normativa de #GobiernosAutónomosDescentralizados (GAD) sin realizar observaciones.
Con su sanción favorable, el Ejecutivo dio luz verde a un cuerpo legal que ya había sido aprobado en la #AsambleaNacional con el mínimo requerido de 77 votos, alcanzados por la bancada oficialista ADN y sus aliados.
La decisión marca el inicio de una nueva etapa de tensión entre el Gobierno central y varias autoridades locales, que ven en la ley una amenaza directa a la sostenibilidad financiera de municipios y prefecturas.
Más inversión obligatoria y menos margen para gasto corriente
La norma establece que, desde 2025, los gobiernos seccionales deberán destinar al menos el 65 % de su presupuesto a inversión en obras.
Ese porcentaje aumentará progresivamente: 68 % en 2027 y 70 % en 2028. El restante podrá utilizarse para gasto corriente, que incluye principalmente el pago de sueldos.
Para varios alcaldes y prefectos, esta decisión distorsiona la contabilidad real de los proyectos, ya que el recurso humano técnico y operativo es parte estructural de la ejecución de obras.
Al no ser considerado inversión, podría reducir artificialmente el porcentaje que cada GAD reporta como ejecución, exponiéndolo a sanciones o a una eventual disminución de transferencias desde el Gobierno central si no alcanza el umbral fijado.
Reacciones y anuncio de demanda
Entre las voces críticas están el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.
Las autoridades advirtieron que la aplicación estricta de los nuevos porcentajes podría obligar a eliminar proyectos o a reducir equipos técnicos esenciales para su ejecución.
📰 Fuente: Radio Pichincha
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