A 34 años y 8 meses de prisión fueron sentenciados 11 militares. Además, 5 cooperadores eficaces deberán cumplir 30 meses de detención. Este es el primer caso con sentencia de desaparición forzada de menores.
El 8 de diciembre de 2024 se reportó la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores de Las Malvinas, un sector en el sur de Guayaquil, provincia de Guayas. Una grabación evidenció que militares los aprehendieron y los subieron al balde de las patrullas. Desde entonces no se conoció su paradero. Posteriormente se encontraron los cuerpos calcinados de los menores en Taura, Guayas.
Tras un año de la desaparición de los menores de Las Malvinas, la Justicia encontró culpables por el delito de desaparición forzada a 16 militares. En el juicio se demostró que los menores fueron sometidos a golpes, insultos y hasta a un disparo cerca de la cabeza de uno de los cuatro de Las Malvinas, de acuerdo a testimonios, chats y un video.
El 22 de diciembre de 2025, en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas emitió la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión para 11 militares: Henry Zabala, Wilmer López, Wilson Cueva, Rodrigo Núñez, Jonathan Galeas, Ronald Pilay, Sergio Véliz, John Tagle, Lister López, Bryan Naranjo y David Correa. Además, se impuso una multa de 800 salarios básicos unificados y una reparación integral de $10.000 que cada uno deberá pagar a cada uno de los familiares de las víctimas.
Para los cooperadores eficaces: Nelson Sagñay, Moisés Loor, Carlos Espín, Álex Quishpe y Christian Aucapiña se dictó 30 meses de prisión. Para Juan Francisco I. se ratificó su inocencia y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares.
El juez ponente del caso, Jovanny Suárez, también indicó que la disposición del tribunal es que se emitan disculpas públicas por un medio de comunicación nacional y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, donde se reconozca la responsabilidad del Estado y de la institución, en la que se coloque una placa en la puerta de la institución con los nombres de las víctimas.
Asimismo, detalló que se debe garantizar el derecho de no repetición del acto y que se debe impartir a los militares 120 horas anuales sobre el tratamiento a civiles, sobre todo a niños, adolescentes y personas de la tercera edad, el conocimiento en derechos humanos.
Reacciones a la sentencia
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por los Derechos Humanos y abogado de las familias de los menores de Las Malvinas, comentó que los familiares de las víctimas conocieron la sentencia lloraron. “Sintieron algo de confianza en el sistema de justicia o en la institucionalidad porque al inicio les fue muy indiferente”.
En cuanto a la búsqueda de justicia y reparación, Aguirre dijo que las familias, dentro de lo que cabe, han acogido la sentencia de “la mejor manera”.
Vladimir Porojnia, abogado de Cristian Aucapiña, uno de los cooperadores eficaces en el caso, indicó que el fallo es el “resultado esperado” y que, más allá de la postura de su cliente, este caso ayuda a otros que se han dado.
Por su parte, la defensa del cooperador eficaz también destacó que esta sentencia es histórica en el delito de desaparición forzada.
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