El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que dos policías sentenciados a más de 17 años de prisión por presunta extralimitación de funciones rechazaron el indulto ofrecido por el Ejecutivo.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo rechazaron el indulto presidencial ofrecido por el Ejecutivo. Los agentes fueron condenados en primera instancia a 17 años y cuatro meses de prisión por el delito de presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Con esta decisión, los uniformados optaron por continuar con el proceso judicial de apelación para buscar su absolución definitiva.
El ministro explicó que el indulto presidencial extingue la pena de privación de libertad, pero mantiene vigentes los antecedentes penales en la hoja de vida institucional. En la estructura de la Policía Nacional, registrar estos antecedentes bloquea cualquier posibilidad de ascenso y detiene la carrera profesional de los involucrados. Por este motivo, los policías prefirieron mantener la vía legal para intentar limpiar sus nombres y registros.
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron hace diez años en un sector de Quito. Según el informe oficial, los agentes intervinieron para frustrar un robo y fueron atacados por civiles armados. En el intercambio de disparos, y bajo el argumento gubernamental del uso legítimo de la fuerza, uno de los presuntos delincuentes falleció. Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó el pago de 25.000 dólares como reparación integral a la familia de la víctima y una multa de 60 salarios básicos unificados, sumando un total cercano a los 54.000 dólares en sanciones económicas.
El caso generó un fuerte choque institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El ministro Reimberg cuestionó con dureza el fallo y expuso públicamente la identidad del fiscal y de las juezas que dictaron la sentencia. Aseguró que el sistema judicial se encuentra infiltrado por intereses del crimen organizado que facilitan la liberación de criminales peligrosos mientras se castiga a los miembros de la fuerza pública.
Como respuesta, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces emitió un comunicado expresando su preocupación por las declaraciones del ministro. El gremio judicial defendió la autonomía de las cortes, recordó que la independencia judicial es un pilar democrático y señaló que las sentencias solo deben ser impugnadas a través de los mecanismos técnicos previstos en la ley. El Gobierno ratificó que mantendrá el patrocinio legal e institucional a los policías durante las siguientes etapas del juicio.
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