Un día después de que Viviana Pila, jueza de la unidad con sede en Quito, aceptó una acción de habeas data presentada por Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), y ordenó levantar el impedimento que no le permitía ejercer un cargo público, la decisión fue notificada por escrito a las 14:35 el 24 de marzo de 2026. El lunes 23, el fallo fue emitido de forma oral.
En su dictamen, la jueza se ampara en cinco artículos del Código de la Función Judicial y ordenó “como medida de reparación” que “de inmediato” el Ministerio de Trabajo realice varias acciones:
Rectifique el registro de impedimento laboral que consta en el sistema informático en contra de Villacís por una supuesta deuda con el SRI.
Se ordena al Ministerio emitir el certificado actualizado que acredite que Villacís no posee impedimento legal para ejercer cargo público, habilitando el normal desenvolvimiento de sus derechos.
El Ministerio deberá ofrecer disculpas públicas. Este acto lo ejecutará ante los medios de comunicación como medida de reparación integral a favor de Villacís.
El Ministerio de Trabajo, en coordinación y colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Protección de Datos, debe organizar una capacitación a todos los servidores públicos a su cargo en 30 días. La capacitación versará sobre el contenido de la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento y la Constitución en relación a la protección de datos personales y así evitar que se activen las instancias constitucionales a través del habeas data. Se deberá capacitar sobre la figura del habeas data y sus diversos tipos y en base a análisis de las sentencias de la Corte Constitucional. Todas las medidas de reparación están orientadas a la no repetición de estos actos y a promover y generar una conciencia y cultura de protección de datos personales que respete los derechos de la ciudadanía y permita al país ser reconocido como una nación confiable en el tratamiento de datos en la era digital.
Después de que la sentencia fue publicada por escrito, el Ministerio de Trabajo aún no levantaba la inhabilidad.
Tras el fallo judicial, la disputa por la presidencia del CJ podría intensificarse. Villacís, quien busca asumir la titularidad, instó al Cpccs a abstenerse de continuar con la designación de vocal titular y suplente en curso.
En la sentencia, la jueza dispuso que Villacís retorne a su cargo como vocal suplente y que se active el proceso de sucesión.
📰 Fuente: La Hora
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